1. Acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula
Igualdad por equidad, equidad entra dentro del discurso de mercado mientras que igualdad tiene una connotación social. Justamente este es el problema hoy día del acceso pues depende de la condición socioeconómica del estudiante.
Excelencia por calidad, La calidad no asegura que tipo de calidad, esta puede ser buena calidad o mala calidad, mientras que excelencia si es un criterio de calidad, que calidad, la mejor calidad.
a. Rechazo a la PSU por su carácter regresivo, que no logra captar los talentos de nuestro país, sino que detecta el nivel socioeconómico, Creación de mecanismos complementarios de acceso que consideren nivelación, mantención y titulación para que de una vez exista igualdad de oportunidades para todos (Ej: propedéuticos).
Rechazo a la PSU no implica la eliminación de este. De hecho, con la propuesta de creación de “mecanismos complementarios” le da legitimidad a esta al estar incluida en el mismo párrafo.
b. El acceso debe asegurarse hacia instituciones de calidad, que posibiliten no sólo una formación de profesionales y técnicos de excelencia académica, sino de ciudadanos íntegros, en el marco del pluralismo, la tolerancia y los valores de justicia e igualdad. Esto requiere de nuevos estándares de calidad, donde no se mida sólo la gestión institucional, sino los perfiles profesionales y el aseguramiento de la libertad de cátedra y opinión. La acreditación debe estar asociada a la transparencia en el uso de recursos públicos y cancelación de éstos para aquellas instituciones que lucren evadiendo la ley.
Al hablar de “asegurar el acceso hacia instituciones de calidad” queda en un vacio aquellas instituciones que no cumplen esos criterios de calidad y que son justamente que más ayuda requieren, entendiendo que el argumento funciona bajo la actual lógica de metas, logros y premios.
Se sigue hablando de los sistemas de acreditación cuando hemos declarado que estamos en contra de estas. De esta forma que es el propio estado quien debe asegurar la excelencia de las instituciones.
c. Garantizar el acceso y las condiciones de estudio para las personas con discapacidad en la educación superior.
El punto es ambiguo. Debe garantizar el acceso de los estudiantes con discapacidad, a cualquiera de las instituciones de educación superior, entendiendo que distintas instituciones tienen distintas orientaciones y ese acceso debe ser de acuerdo a las habilidades y capacidades e intereses del estudiante y que la institución de educación superior deben garantizar la infraestructura adecuada para el correcto desarrollo de los programas académicos para los estudiantes con discapacidad.
2. Aumentar el financiamiento público en Educación Superior como porcentaje del PIB
a. Aportes basales de libre disposición para financiar costos reales y de desarrollo de las universidades estatales. Incluir, además, fondos exclusivos para el reajuste del sector público a sus trabajadores.
No se establece bajo qué modelo se otorgarían estos montos, si a través de AFD, AFI o bajo la lógica del financiamiento directamente otorgado a los estudiantes. Tampoco se establecen los criterios sobre los cuales se otorgan estos aportes exigidos, ni se explicita la modificación de los actuales criterios de AFD, AFI.
b. Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales, que hoy deben competir contra grandes conglomerados económicos, amordazados por su burocracia interna, el autofinanciamiento y alto nivel de endeudamiento. Este sería por una vez y orientado con prioridad para aquellas instituciones de carácter Estatal, de Regiones y aquellas que acogen a los estudiantes más vulnerables.
En redacción, primero habla de “Universidades Tradicionales” y luego de “Instituciones de carácter estatal” en este sentido, no se establece con claridad de a quien el estado debe otorgar los fondos, si solamente para las universidades estatales o si también se incluyen a las universidades tradicionales de carácter privado.
No se da una solución para que no se sigan endeudando las universidades.
En la propuesta de Lavín, existe una reformulación del actual estatuto de las Universidades, donde se plantea un cambio en el sistema burocrático, equiparándolo con el actual modelo de universidades privadas.
c. Reestructuración integral del sistema de becas y ayudas estudiantiles, en pos de terminar con el sistema basado en el endeudamiento familiar, asegurando que las becas para los tres primeros quintiles cubrirán la totalidad de sus aranceles y para el cuarto y quinto quintil será diferenciado según su capacidad de pago. Además las becas de mantención y alimentación deben ser reajustadas acorde a la realidad nacional y se debe aumentar la cobertura al tercer quintil y parte del cuarto, que hoy sí son vulnerables porque su financiamiento se basa en la deuda con tasas de interés impagables.
Entendemos que esta es una propuesta de arancel diferenciado implícita. Este hecho ni siquiera es consigna oficial a nivel de discurso del movimiento estudiantil.
Hablar de quintiles es usar un parámetro arbitrario, que no refleja la real distribución de las riquezas en el país.
El punto deja abierto el modelo sobre el cual se otorgarían esas becas y créditos, es decir ¿es financiamiento al estudiante o a la institución? Tomando en cuenta la actual reforma de Lavín, que se quiere llevar a cabo incluye ayudas de financiamiento a los estudiantes donde estos pueden usar recursos estatales en distintas instituciones, independiente de si estas son de carácter público o privado.
No menciona el problema actual que provoca el arancel de referencia y arancel real.
Habla de quintiles en los términos que los entendemos hoy, sin modificar los actuales criterios.
El discurso habla de una distribución equitativa de los recursos y no igualitaria. Fomentando aun más la desigualdad social y agrandando la problemática entre pobres y ricos.
Existe una contradicción en “en pos de terminar con el sistema basado en el endeudamiento familiar” y “será diferenciado según su capacidad de pago” donde entendemos dependiendo de la capacidad de pago, se puede entrar al endeudamiento familiar.
Las becas de mantención y alimentación actualmente no cumplen el propósito por el cual fueron creadas. Pues la de mantención no cubre las necesidades básicas de mantención y solo sirven para suplir la diferencia entre el arancel real y el de referencia. Y la de alimentación no suple las necesidades básicas de alimentación. Por lo que debe expresarse el criterio por el cual debe ser ese aumento.
d. Tarjeta nacional estudiantil única y estatal, válida los 365 días del año, en todo el territorio nacional.
La condición de estudiante no se pierde en vacaciones, ni en horarios que no son necesariamente de traslado a las instituciones, pero si pueden ser horarios de estudio, por lo que debe incluirse 365 días del año, las 24 horas, hecho que no es efectivo en regiones.
e. Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto, por ser un claro incentivo regresivo, que fomenta la segregación estudiantil.
No se hace mención a la mala distribución del aporte fiscal directo, entendiendo que de eliminarse el AFI sin una reformulación de los criterios del AFD, estaríamos aumentando la problemática de financiamiento. El argumento debe enfocarse en que los fondos fiscales que existen y la inyección de recursos que anteriormente se han propuesto, deben ser pasados directamente a las universidades estatales.
f. El Estado debe asumir la responsabilidad de realizar formación técnica a través de sus instituciones, no dejando este ámbito de la educación en manos totales de mundo privado.
¿De que forma el estado tiene que hacerse participe de la formación de técnicos?, pues en el actual planteamiento del gobierno, se espera que el estado entregue recursos a los CFTs privados, a través de becas.
3. Democratización de nuestro sistema de educación superior
a. Derogación del DFL 2 2010, artículo 56 letra e), artículo 67 letra e), y artículo 75 letra e). Exigir el derecho a la participación triestamental de todas las instituciones de Educación
Superior en sus cuerpos colegiados, en las elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones.
b. Asegurar las libertades de expresión, cátedra y de asociación a estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones, para que no se sigan violando los derechos constitucionales.
